Resulta curioso que, viviendo en un país de “laicismo radical”, según la Conferencia Episcopal, los profesores de religión no concurran a oposición alguna para obtener su plaza, sino que son contratados por el obispado previa acreditación de su idoneidad. Eso sí, el que paga sus nóminas es el Estado, aun siendo un Estado “laico radical”.
Más grave, si cabe, es el hecho de que el obispado despida a estos profesores por cuestiones morales. Lógicamente, ningún despido así es declarado procedente, por lo que son condenados a indemnizar al despedido.
Condena sólo moral, porque quien debe saldar esta indemnización es, otra vez, el Estado “laico radical”.
Parece claro que nunca se derogará el Concordato con la Santa Sede, así que por lo menos que eliminen aquel artículo que dice: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Para no llamarnos a engaños, más que nada.
Publicado en El Día de Toledo el lunes 9 de mayo de 2011.
Publicado en Público el martes 10 de mayo de 2011.
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