Justicia para ¿todos?

 Con la aprobación de la llamada Ley de tasa judiciales ya no podremos decir aquello tan socorrido (como falso) de que "la Justicia es ciega". Ahora lo que más escucharemos lamentar al ciudadano de a pie es que la justicia es "para ricos" o para "quien pueda pagársela". Es decir, como la educación, la sanidad, la dependencia...

 Esta ley, aprobada solo con los votos del PP y por procedimiento de urgencia, viene a agravar la sensación de indefensión del ciudadano cuando se enfrenta a la poderosa y costosa maquinaria judicial que ponen en marcha las administraciones y las grandes empresas contra él.

 El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, enmarca esta ley en el contexto de crisis que vivimos y afirma que "ayudará a financiar la justicia gratuita" pero lo único que conseguirá es dificultar el acceso de los ciudadanos a la misma y por tanto la indefensión más que el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución.

 De lo que se trata es de que el ciudadano pague y no haga perder tiempo y dinero a la Justicia. Así, una persona que intente recurrir una multa de tráfico de una cuantía de 100 euros tendrá que pagar 200 de tasas; o un trabajador que reclame un despido improcedente tendrá que abonar 750 euros independientemente del veredicto. Claro que hay excepciones: ninguna de las administraciones públicas tendrán que pagar nada por el uso de la justicia. Toma universalidad.

Esta Ley ha unido en la crítica no sólo a todos los partidos de la oposición sino también a abogados, jueces y procuradores que la tachan de "inconstitucional" y anuncian recurso.

 Teniendo el cuenta que el recurso de inconstitucionalidad sobre el matrimonio homosexual ha tardado 7 años en resolverse... "largo me lo fiáis" debe pensar Gallardón.

Publicado en dclm.es el domingo 18 de noviembre de 2012.
Publicado en Estrella Digiral el domingo 18 de noviembre de 2012.

Madrid Arena

 Lo único que ha quedado claro después del gravísimo accidente en el Madrid Arena durante la fiesta de Halloween es que los culpables, si los hubiera, serían por este orden: los padres, la sociedad y la oposición.

 Que este espacio no tuviera licencia de funcionamiento, que se sobrepasara el aforo del recinto, que hubiera escasez de personal de seguridad y sanitario o que la empresa organizadora tuviera varios impagos con hacienda son solo anécdotas sin importancia para la alcaldesa de Madrid y demás dirigentes populares.

 En estas discusiones estamos cunado aparece el fiscal general del Estado, Torres- Dulce, para aportar algo de "cordura": "hay un problema sociológico, generacional, familiar..." Sí, claro, y y hay una crisis de vocaciones religiosas y no creo que eso tenga relación con la tragedia. Con fiscales así, no hay caso que se resista.

 Pasados los días, el Sindicato Unificado de Policía denuncia que el recinto no tenía licencia de funcionamiento y el ayuntamiento se apresura a defenderse alegando que las instalaciones municipales no necesitan licencia de funcionamiento. Correcto, entonces ¿por qué se solicitó esta licencia en 2009 y fue denegada por Urbanismo?

 La Ley de Administraciones Públicas impide contratar eventos con empresas que tuvieran deudas con hacienda o con la Seguridad Social, como era el caso de la empresa organizadora, pero tampoco fue óbice para que este evento fuese contratado por la  empresa municipal Madrid Espacios y Congresos.

 La postura desde el Ayuntamiento y la Comunidad, fiel a su estilo, es la de echar balones fuera y culpar al mensajero: "dejen de utilizar políticamente la muerte de cuatro niñas".

Como diría mi madre: "demasiado poco pasa".

Publicado en Estrella Digital el martes 6 de noviembre de 2012.
Publicado en dclm.es el martes 6 de noviembre de 2012.
Publicado en El Día de CLM el miércoles 7 de noviembre de 2012.
Publicado en 20minutos el miércoles 7 de noviembre de 2012.

Metabolismo basal de la administración

 A menudo nos escandalizamos cuando conocemos lo que ha costado construir una autovía, un aeropuerto en medio de la nada, un puente o pasarela de "marca" o una simple rotonda con un gusto más que discutible. Sin duda estos son los ejemplos que acaparan más titulares e incluso programas de televisión, pero el gran despilfarro en la administración pública se produce en el gasto corriente; es decir, el pago de todo aquello que un organismo público necesita para "sobrevivir".

 En todos las administraciones han ido privatizándose servicios en aras a reducir costes, si bien esta privatización no ha venido acompañada de la reducción de plantilla que dicha privatización aconsejaba por ser una medida especialmente impopular, sobre todo en tiempos de bonanza económica.

  De igual forma todos los materiales, consumibles, equipos informáticos o reparaciones que precisen estas instituciones son comprados a un precio muy superior al del mercado por una razón muy simple: todo proveedor de la administración no sabe cuando cobrará  (si llega a cobrar). Sin duda este mecanismo elimina a las pequeñas empresas de la posible adjudicación de contratos.

Por último, el gran despilfarro de dinero público viene a costa de los llamados "cargos de confianza" y de los de libre designación que no aportan nada a la institución que no pueda hacer el personal funcionario ya existente y que es a los políticos lo que la pedrea al sorteo de la lotería.

 Todos estos gastos son los que tienen que afrontar las administraciones a diario para subsistir. Es decir, que con un metabolismo basal tan elevado, la ingesta de calorías puede ser mínima.

Publicado en Estrella Digital el miércoles 31 de octubre de 2012.
Publicado en dclm.es el miércoles 31 de octubre de 2012.
Publicado en El Día de CLM el jueves 1 de noviembre de 2012.